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En primer lugar, tras el anuncio del “alto del fuego permanente” realizado por la banda terrorista debe verificarse la realidad del cese total y continuado de toda actividad de la organización terrorista.

Sólo tras tener la convicción probada de la veracidad del anuncio, el Presidente del Gobierno podrá estar en situación de dirigirse al Congreso de los Diputados para solicitar su autorización en los términos fijados por la Resolución del Congreso aprobada el 18 de mayo de 2005. En esa Resolución, el Congreso proclama, entre otros extremos, lo siguiente:

“convencidos como estamos de que la política puede y debe contribuir al fin de la violencia, reafirmamos que, si se producen las condiciones adecuadas para un final dialogado de la violencia, fundamentadas en una clara voluntad para poner fin a la misma y en actitudes inequívocas que puedan conducir a esa convicción, apoyamos procesos de diálogo entre los poderes competentes del Estado y quienes decidan abandonar la violencia, respetando en todo momento el principio democrático irrenunciable de que las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular. La violencia no tiene precio político y la democracia española nunca aceptará el chantaje de la violencia.”

Siempre con el apoyo y unidad de las fuerzas democráticas, se darán los pasos que vengan avalados por la seguridad de que el proceso es irreversible, dentro del marco de las reglas del Estado de Derecho y el debido respeto a las víctimas.